MP solicita medidas contra personal del Instituto Leonardo Da Vinci por pérdida involuntaria en excursión escolar

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra cuatro integrantes del Instituto Leonardo Da Vinci, tras la pérdida involuntaria de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, en Gurabo. La menor quedó sin signos vitales el pasado 14 de noviembre mientras participaba en una actividad recreativa organizada por el centro educativo.

La solicitud presentada en Santiago incluye una garantía económica de RD$50 millones por persona, respaldada por una compañía aseguradora. Además, se pide impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica obligatoria y la colocación de localizadores electrónicos. Estas medidas buscan asegurar la presencia de las imputadas durante el proceso judicial.

Las acusaciones están dirigidas a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. El Ministerio Público sostiene que las medidas solicitadas son proporcionales, conforme a lo establecido en el artículo 226 del Código Procesal Penal.

El caso fue calificado como pérdida involuntaria según el artículo 319 del Código Penal dominicano, así como abandono y maltrato a niños y adolescentes bajo el artículo 351-2. También se aplicó el artículo 14 de la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de menores de edad. La investigación está a cargo de los procuradores Wilson Camacho y Olga Diná Llaverías.

Según el Ministerio Público, 87 niños fueron movilizados con solo tres cuidadoras, sin salvavidas ni medidas adecuadas de seguridad, lo que habría contribuido al trágico desenlace. Un video analizado por las autoridades muestra presunta negligencia en la supervisión y en la organización del paseo. Además, se solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta al centro educativo para evaluar prácticas que puedan afectar el interés superior del niño.