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El Ministerio Público presentó una apelación contra la decisión que otorgó libertad con medidas de coerción distintas a la prisión preventiva a siete integrantes de la Policía Nacional vinculados al proceso por la presunta “ejecución extrajudicial” de cinco personas en el sector La Barranquita, en Santiago. La impugnación fue formalizada ante la jurisdicción correspondiente y quedó en espera de ser conocida por la instancia superior.
La Corte de Apelación programó para el martes 18 de noviembre la audiencia en la que evaluará el recurso interpuesto. La fecha quedó consignada para que las partes expongan sus argumentos sobre la resolución que permitió la salida del recinto carcelario bajo condiciones específicas a los involucrados señalados en el expediente presentado por el órgano acusador.
La solicitud del Ministerio Público busca que el tribunal revoque la decisión del Juzgado de Atención Permanente, que había impuesto garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica para los oficiales Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, además del raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
Cada uno de estos señalados resultó beneficiado con una fianza equivalente a un millón de pesos gestionada mediante una empresa aseguradora, junto con otras obligaciones judiciales establecidas en la resolución. Estas condiciones fueron aplicadas mientras se continúa con la tramitación del proceso en la jurisdicción competente.
En el mismo expediente permanecen bajo prisión preventiva el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación. Estas personas están recluidas en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial correspondiente.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró la causa como de tramitación compleja. También ordenó prisión preventiva para cuatro imputados y estableció medidas de protección a favor de las personas afectadas y testigos mencionados en el expediente para garantizar el adecuado desarrollo del proceso.