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La investigación en curso sobre el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha incluido al director Santiago Hazim, luego de que las autoridades detectaran posibles inconsistencias patrimoniales. Entre los elementos revisados figura una villa de lujo ubicada en Casa de Campo, presentada en portales especializados como un hospedaje turístico exclusivo.
El inmueble, situado en El Ingenio No. 21, aparece en páginas de alojamientos premium con características propias del segmento de lujo. La residencia figura en Caribbean Luxury Villas como una oferta de alto nivel dentro del reconocido complejo turístico.
Los investigadores consideran la villa como un activo que no estaría consignado completamente en la declaración jurada presentada ante la Cámara de Cuentas.
Según los portales consultados, la villa tiene un precio base en temporada baja de 2,200 dólares por noche, con un requerimiento mínimo de tres noches por reserva. Estas tarifas permiten estimar el valor económico que genera la propiedad dentro del mercado turístico exclusivo del país.
El anuncio destaca cuatro dormitorios con baño privado, piscina, servicios adicionales como chef o camarero, y acceso directo a las facilidades internas del resort.
Las autoridades explicaron que la identificación de esta villa forma parte de una revisión más amplia que busca confirmar si todos los activos del director están reflejados correctamente en su declaración jurada.
El análisis incluye verificar si la administración del inmueble se realiza a título personal o mediante estructuras societarias vinculadas al funcionario.
La villa continúa disponible en plataformas digitales con descripciones, imágenes y tarifas activas, lo que indica su operación regular como alojamiento turístico.
Expertos señalan que los servicios incluidos, como atención personalizada y espacios privados amplios, refuerzan su clasificación dentro del segmento de lujo.
El caso avanza con la recopilación de documentos, registros de titularidad y movimientos financieros relacionados a la villa. Hasta el momento, no se ha emitido una conclusión final sobre la valoración o el origen de la propiedad.
Las autoridades mantienen el enfoque en determinar la correspondencia entre los bienes detectados y los reportados oficialmente, en el marco de la investigación patrimonial vigente.