Familiares de oficial vinculado al caso de Perla Jokasta alegan legítima defensa

Los familiares del mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendi, han ofrecido declaraciones públicas para presentar su versión sobre el incidente en el que perdió la vida la joven Perla Yokasta Santos Pacheco, de 19 años. Según los parientes del oficial, el hecho ocurrido en el sector La Ciénaga, del Distrito Nacional, no sucedió de la manera descrita inicialmente, argumentando que el militar habría actuado en legítima defensa ante una situación de riesgo inminente.

César Augusto Mesa, hermano del oficial involucrado, explicó a los medios que el incidente se originó presuntamente durante un intento de asalto. Según este relato familiar, el mayor fue interceptado por individuos que se desplazaban en una motocicleta, grupo en el cual, aseguran, se encontraba la joven fallecida. Esta versión busca establecer un contexto de inseguridad que habría motivado la reacción del militar durante la madrugada del suceso.

El reporte de la familia detalla que los hechos tuvieron lugar alrededor de las 5:30 de la mañana, mientras el oficial se dirigía a su residencia en Sabana Perdida. Los allegados sostienen que el mayor fue abordado por sujetos que identifican como presuntos integrantes de grupos locales dedicados a actividades ilícitas. No obstante, estas declaraciones forman parte de la estrategia de defensa y deberán ser contrastadas con las pruebas recolectadas por los investigadores.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la estricta dirección del Ministerio Público y las autoridades competentes, quienes tienen la responsabilidad de verificar los testimonios y analizar las evidencias físicas. El proceso judicial buscará determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos y establecer las responsabilidades legales correspondientes, garantizando que todas las partes involucradas tengan oportunidad de presentar sus argumentos conforme a la ley.

Dada la relevancia social del caso, las autoridades han enfatizado la importancia de respetar el debido proceso y esperar los resultados de los peritajes técnicos y testimoniales. Se espera que el uso de cámaras de vigilancia y las pruebas periciales sean determinantes para esclarecer este lamentable hecho, mientras la sociedad permanece atenta a que se haga justicia con transparencia y respeto a los derechos humanos de todos los afectados.