Azua vive tensión por denuncias de maltrato en campamento infantil

Azua, RD.- Un hombre residente en condiciones de extrema pobreza en un sector del municipio cabecera de Azua denunció que una pastora se aprovechó de su confianza al encargarse de su hija menor de trece años. Según relató, entregó a la niña para que asistiera a un campamento en Cotuí, pero aseguró que allí la menor estaba siendo maltratada, lo que generó gran preocupación en su familia.

El padre de la niña, Yoni Cordero, expresó que inicialmente la pastora ingresó a su vivienda como una persona de confianza, pero que en la práctica, según él, se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su familia. Relató que, al aproximarse un mes desde que su hija fue enviada al campamento, solicitó información sobre su ubicación, pero la pastora presuntamente se negó a proporcionarla.

Cordero afirmó que, tras una búsqueda extensa, logró localizar el paradero del campamento, aunque no pudo traer consigo a su hija, pues, según su versión, esta fue escondida. La niña regresó a su hogar tiempo después, luego de múltiples diligencias realizadas por el padre, y le contó que en el campamento sufría maltratos y que, además, habrían provocado un incidente que dejó a un niño reducido a cenizas, según relató la menor.

Ante esta situación, se intentó contactar a la pastora para obtener su versión sobre los hechos denunciados. La religiosa respondió telefónicamente que no ofrecería ninguna declaración y aseguró que el caso ya había sido tratado en la fiscalía. A pesar de la insistencia de los medios, reiteró que no dará entrevistas adicionales ni comentarios públicos sobre el asunto.

La denuncia ha generado alarma en la comunidad de Azua, sobre todo por tratarse de una menor de edad y por la presunta gravedad de los hechos relatados. Las autoridades locales y familiares han realizado gestiones para esclarecer la situación y garantizar la seguridad de la niña, mientras se mantiene la investigación sobre el campamento y las condiciones a las que fueron sometidos los participantes. El caso pone en evidencia la necesidad de supervisión y control en actividades con menores y la protección de las familias vulnerables.